LA RELACIÓN DE ENTRE LA CIENCIA Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES EN MÉXICO:

LA PRIMERA DÉCADA DE TRANSICIÓN HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE



Cándido Rendón-Castañeda*



Introducción:

El objetivo de este trabajo es analizar la relación que han mantenido las comunidades científicas y académicas con el proceso de planeación de las políticas ambientales en México durante la década de los 90.

En la primera parte veremos cuáles han sido las condiciones políticas en las que se ha trabajado por crear una red de comunidades científicas y académicas para impulsar la gestión del conocimiento ambiental. Proponemos entender los cambios de enfoques de hacer política para el medio ambiente como un reflejo de los paradigmas ecológicos aplicados al análisis de la crisis ecológica.

En la segunda parte se ensaya de manera no exhaustiva el listado de aportaciones epistemológicas que permearon el quehacer de las ciencias naturales y sociales en torno a la problemática ambiental.



I. Lo científico y lo político del naciente Desarrollo Sustentable (DS) en México.

Durante los años 70 el tema ambiental todavía no gozaba de una atención integral y acorde a la magnitud de las demandas que en ese momento eran crecientes en diversos sectores sociales. No se tenía conciencia del alcance real y de la complejidad de los factores involucrados en dicho problema. Nos vimos frente a un enemigo muy desconocido que convenimos en llamar “Crisis Ambiental”.

La incertidumbre, la ignorancia y la indeterminación de los fenómenos que se observaban a nivel mundial fueron incómodas realidades que tuvimos que aceptar. No obstante la realización de una Cumbre de la Tierra en Estocolmo en el año 1972, las acciones con más fuerza y consistencia a nivel internacional no se vieron más o menos cristalizadas hasta la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Como en varios de los países de América Latina (AL), en México, los temas ambientales antes de Río ´92 eran considerados complementarios o secundarios de otros temas de carácter federal tales como la salud, la agricultura, la pesca, la silvicultura, etc. (PND 2001-2006, 2001:33).

Antes de Río ´92 imperó en las políticas ambientales la filosofía de la planeación y de la regulación. Establecían principalmente limitaciones de uso de los recursos naturales y el castigo por omisión. Las políticas ambientales priorizaban la cuantificación de las acciones más que la calidad de sus resultados. La prioridad era el objetivo político de las acciones más que la identificación de las causas primeras y sus alcances en esta materia.

Los cambios que se constataron después de la cumbre del 92 en las políticas ambientales supusieron –en primer lugar¬– el tránsito hacia un enfoque donde primaran los incentivos e instrumentos económicos de corte neoclásico. Este enfoque también fue utilizado en países como Brasil, Chile y otros cinco países de AL. (Leff et al 2001:94)

Junto con los convenios sobre el Desarrollo Sustentable, México adquirió responsabilidades ulteriores que se pueden resumir de la siguiente manera: “reformas institucionales, nuevos enfoques políticos, una mejor regulación ambiental, innovaciones para una política pública eficiente y descentralizada, incrementar capacidades gubernamentales y sociales y mejores condiciones para la participación social.”(Reseña de México, 1997.).

Para hacer frente a estos compromisos eran urgentes cambios estructurales en los esquemas de gobierno y en la teoría de Estado de la Federación Mexicana.

El primer paso que se dio en esta perspectiva fue asumir que el Estado es el primer responsable de diseñar las estrategias de incentivos para regular de manera positiva el conflicto entre el proceso de desarrollo de la nación y la preservación del medio ambiente. El enfoque de “presión-estado y respuesta” ha sido una de las herramientas metodológicas para la implementación de la Agenda 21 en México durante la década de los 90. (Leff et al 2002:92)

Los temas de mayor prioridad en la agenda política mexicana con respecto al medio ambiente durante la década de los 90 fueron en general los siguientes: a) Programas de intervención sobre áreas del medio con mayores afecciones y muestras de degradación como el aire, agua, suelos, recursos forestales y pesqueros, desechos tóxicos, biodiversidad y la regionalización de estas problemáticas; b) la institucionalización y la especialización de las instituciones en el campo del medio ambiente tratando de superar el esquema sectorial que había presentado hasta ese momento; c) los relativos al Ordenamiento Ecológico del Territorio, la Evaluación del Impacto Ambiental, y las Normas Oficiales Mexicanas y los instrumentos económicos y de autorregulación (PND 2001-2006, 2001:36).

Para poder echar a andar toda esta maquinaria política de camino al desarrollo sustentable fue necesario algo más que las firmas de convenios internacionales y las buenas intenciones. Para comenzar a caminar en esta empresa tan compleja se tuvo que movilizar a muchas personas y las relaciones de cooperación entre ellas. Uno de los retos más difíciles que puede enfrentar una nación en reestructuración política es la creación de voluntades en sus componentes.

Hablar de voluntades para un desarrollo con sensibilidad ambiental es hablar de una red de voluntades. Esta red incluye a:

a) los actores relevantes (comunidad científica, tomadores de decisión, sociedad civil, etc.),

b) el marco institucional y de recursos (legislación, financiamiento, sistemas de gestión de ciencia y tecnología, infraestructura, etc.),

c) la identificación de campos de acción (ciencia básica, ciencia aplicada, educación ambiental, currículos escolares y universitarios, etc.) y,

d) los espacios físicos en donde se desarrollan las relaciones de confianza entre los nodos de la red.

Esta red es la que se ha venido buscando en México desde Río ´92. En Brasil las expectativas fueron prometedoras y muchos de los actores se comprometieron y visualizaron una nueva forma de desarrollarnos sin degradar el medio físico que nos sustenta. Al parecer a nivel internacional fue más fácil entablar relaciones de cooperación entre los países de AL para poner en marcha la Agenda 21, pero las realidades al interior de los países eran mucho más complejas y con particularidades imposibles de ser dirimidas en tratados internacionales. Este fue el caso de México.

Como ya se dijo antes uno de los primeros retos que enfrentó México fue la institucionalización de sus objetivos ambientales y de un desarrollo sensible con el medio ambiente. Se equiparon nuevas instancias gubernamentales de tareas específicas para la gestión, monitoreo y evaluación de los programas políticos en este rubro. Se trabajó para que el tema ambiental dejara de ser sectorial y una preocupación secundaria, posicionándose como eje rector de una nueva etapa política del federalismo.

A principio de los años 80 el enfoque que imperó en la todavía incipiente política ambiental en México fue el de la ecología de la conservación, el manejo de los recursos con visión mercantil y en algunos casos la descontaminación. De esta situación fue ejemplo la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), que contaba sólo con una Subdirección de Ecología como instancia de intervención en la protección de los recursos naturales. Acompañó a esta institución la entrada en vigor en 1988 de una nueva ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (Micheli 2002:142).

En el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio del entonces Presidente de México Miguel de la Madrid (1983-1988), apenas tuvieron cabida las preocupaciones ecológicas relacionadas con el desarrollo de tecnologías menos contaminantes, el uso adecuado de los recursos naturales y el crecimiento demográfico urbano de grandes ciudades como el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. (Micheli 2002:138)

Esta condición se debe en mucho a la preponderancia que había de estos enfoques –conservacionistas exclusivamente– tanto en las comunidades científicas como en las universidades mexicanas. No fue hasta mediados de la década de los 90 que los intereses académicos comenzaron a adoptar una visión más integral de lo que en ese momento se entendía como crisis ambiental. Es en esta década en la que se concibe el problema ambiental como poseedor de un carácter global y comienza a argumentarse en esos términos.

Con esta nueva cara de lo ambiental, las preocupaciones toman nuevos rumbos. Con la puesta en marcha de las líneas estratégicas del DS las voluntades de generar conocimiento ambiental también presentan cambios. El listado de intereses y preocupaciones para la comunidad científica incorpora ya temas de la biología comparada, la taxonomía y la biogeografía con aplicaciones directas en los inventarios bióticos. Asimismo se ensaya una geografía de la crisis ecológica, se emprenden estudios sobre los impactos en las Áreas Naturales Protegidas de las actividades de las comunidades que se encuentran dentro de estos núcleos de reserva, así como sobre deforestación, valorándose las implicaciones negativas de la reforestación con especies exóticas entre otros estudios. (Reseña de México, 1997.)

Las principales motivaciones para la integración de nuevos campos de acción científica fueron principalmente las demandas del sector productivo por las presiones externas provenientes del mercado global, la conservación de la biodiversidad, la superación de la pobreza y la modernización de la legislación ambiental.

La respuesta institucional a estas nuevas demandas fue la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), durante el sexenio del presidente de México Ernesto Zedillo, quedando así los objetivos del medio ambiente como de alto interés nacional. A su nacimiento se le encargó la responsabilidad “de la integración de la planeación y gestión del uso del suelo en México. Esta Secretaría ha establecido e instrumentado los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con el propósito de lograr beneficios ecológicos, económicos y sociales en las comunidades objeto de los mismos. Involucran la participación intra e interinstitucional, así como de los distintos sectores productivos e integrantes de las estructuras políticas y socioeconómicas de las comunidades. Se dirigen fundamentalmente a la integración del desarrollo sustentable en la toma de decisiones, la modificación de patrones de consumo, la salud humana y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos.” (Reseña de México, 1997.)

Para el año de 1996 la SEMARNAP había logrado poner en marcha el Programa Interinstitucional de Desarrollo Regional Sustentable, con 18 regiones prioritarias, en donde participaban de forma coordinada otras tres Secretarias de Estado [Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y el Instituto Nacional Indigenista (INI)], inaugurando así una segunda etapa de la política del medio ambiente. En esta segunda etapa se podía observar ya los primeros intentos de posicionar el tema ambiental como eje rector de la política federal en México, respondiendo así a presiones tanto internas como externas en el rubro de lo ambiental.

El enfoque de la ecología de la conservación fue dando poco a poco espacio para incursionar en la práctica de innovaciones teóricas y metodológicas con miras a una integración de los intereses transdisciplinares. Los estudios sociales comienzan a tener mayor demanda para el diseño y la aplicación de los programas de intervención y políticos. El enfoque de la sustentabilidad genera un espacio de debate en el cual la valorización de la cara física y social de la problemática ambiental mexicana debe tener una base científica.

1992 fue un año muy importante para la cristalización de las voluntades de generación de conocimiento ambiental. En ese año se crea el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), y la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

El INE es el encargado de generar normas y definir políticas. La PROFEPA nace con la responsabilidad de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes y normas. El objeto de la CONABIO es coordinar acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para la explotación, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos, tendentes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable bajo tres líneas principales: 1) bases de datos e inventarios biológicos, 2) uso sustentable de los recursos bióticos y 3) difusión de la información sobre la biodiversidad.

En el Informe del Gobierno del entonces Presidente de México Ernesto Zedillo ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU ¬¬ —en 1997— hay un despliegue de las acciones y primeros resultados de los intentos de crear una red de esfuerzos tanto de la sociedad civil como de la comunidad científica para gestionar el conocimiento ambiental. Entre las acciones informadas están las organizadas y convocadas por las dependencias del gobierno como CONABIO y SEMARNAP y los primeros resultados del interés de la comunidad científica por el problema ambiental.

Las acciones más sobresalientes fueron:

a) la elaboración de un censo de las instituciones nacionales dedicadas al tema de la biodiversidad para computarizar la información y hacer compatibles las redes, con el propósito de facilitar el intercambio de información y de proveer a las instituciones con los recursos económicos y tecnológicos para lograr dicho objetivo.

b) La CONABIO en diciembre de 1993 convoca al comité organizador y se integra el Consejo Directivo, mientras que en 1995 se realiza el primer taller para usuarios de la Red Mexicana de Información sobre la Biodiversidad (REMIB).

c) En 1996 se firman convenios con los cuatro primeros nodos e inicia operaciones el nodo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). Durante 1997 se habrían de incorporar los demás.

d) Concurrentemente, durante 1993 se creó el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) que inició operaciones a partir de la información que se tiene en bases de datos, cartografía digital y bibliografía, con el propósito de hacer accesible la información sobre la diversidad biológica nacional y ofrecer servicios de información a los sectores gubernamental, académico y público en general, apoyándose además con una página en Internet que facilita información sobre la diversidad biológica del país, actividades de la CONABIO e información generada a partir del Estudio de País [1] entre otros.

e) En 1996, se tenían cincuenta y siete bases de datos concluidas con la información de 2 119 750 ejemplares de colecciones. Este número se incrementó en noviembre a ochenta y nueve y 3 419 017 respectivamente. (Reseña de México, 1997)

Para la actuación de las comunidades científicas la Universidad fungió como principal estructura orgánica para los enlaces con las estructuras administrativas federales.

Para conformar la estructura de adopción de decisiones entre la comunidad científica y la administración se concretaron los siguientes convenios:

En el marco del Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 y con el fin de asegurar la adecuada coordinación de las acciones públicas y privadas de promoción del desarrollo científico y tecnológico, en 1996 el Gobierno Federal reinstaló la Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico (COPLADETYC). Esta Comisión estuvo integrada por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores; Energía; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Salud; Desarrollo Social y, de Educación Pública, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Entre otras funciones, la COPLADETYC tenía la responsabilidad de disponer las medidas y procedimientos que permitían diseñar, fijar, ejecutar y evaluar la política del desarrollo en materia científica y tecnológica, incluida la biotecnología. (Reseña de México, 1997.)

Durante la segunda mitad de la década de los 90 los grupos de investigación en el campo de la biotecnología moderna y de biología molecular se encontraban ubicados principalmente en universidades y centros de investigación públicos, como son: la Facultad de Química y los Institutos de Biotecnología, Biología, Investigaciones Biomédicas, y Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el CINVESTAV (plantel D.F., e Irapuato), y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), plantel Iztapalapa. Asimismo, sobresalen el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-Campus Monterrey), la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C (CIATEJ), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), las Universidades Autónomas de Nuevo León, Morelos y Yucatán, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), el Colegio de Posgraduados y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Este último, cuenta desde 1993 con un departamento específico de biotecnología ambiental donde se estudia la utilización del metabolismo respiratorio o fermentativo de organismos para la transformación de desechos orgánicos en alimentos, combustibles y abonos.

El apoyo a proyectos de infraestructura y de investigación biotecnológica hacia las instituciones de educación superior y de investigación es otorgado en gran parte por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Programa de Apoyo a la Ciencia en México (PACIME). Sin embargo, algunas instituciones que realizaron investigación biotecnológica también recibieron recursos de fuentes externas. Por ejemplo, el ECOSUR recibió recursos del Centro Nacional de Biotecnología de Alemania, de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), del National Institute of Aging-University of California y de la Comisión Europea. Mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvo financiamiento de la Comunidad Económica Europea, la OEA, el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social y el CONACYT. (Reseña de México.1997.)

Con el despliegue de esos esfuerzos se logró avanzar en la concreción de las voluntades de la comunidad científica y académica. Los que conocen un poco la división política de la República Mexicana podrán observar que se cubría una buena parte de su territorio con los convenios y estructuración de relaciones entre la comunidad científica y la administración federal.

Con el inicio de la conformación de la red de voluntades también comienza la historia de las limitaciones para hacer más eficientes las acciones estipuladas.

Veamos sólo algunos de estos problemas:

a) Lo reducido de la actividad científica misma, tanto de su volumen como de los recursos disponibles para llevarla a cabo. La relación entre el gasto en ciencia y tecnología y el Producto Interno Bruto para 1996 se estimó en 0.39%.

b) La calidad del trabajo científico. Múltiples factores confluyen en este problema: se requieren sistemas de remuneración, incentivos y evaluación adecuados; mejorar la formación de algunos investigadores; y eliminar carencias en la infraestructura disponible para su desarrollo, entre otras iniciativas.

c) La incipiente vinculación entre empresas, universidades y centros de investigación para resolver los problemas técnicos o de adquisición de conocimientos.

d) La escasez de estudios empíricos sobre la situación actual del desarrollo científico mexicano. Se requiere acrecentar la base de datos sobre el tema para disponer de un acervo informativo más confiable y completo.

e) La falta de formación de profesores; el deficiente nivel académico de las licenciaturas y la falta de vocación científica y por el estudio de las ingenierías en los jóvenes mexicanos.

f) Los estímulos a la descentralización del desarrollo científico y tecnológico nacional, que se ha concentrado en las grandes ciudades, en una o dos regiones del país y en pocas instituciones.

g) Las deficiencias en la difusión y divulgación del conocimiento científico; así barreras para el acceso a ese conocimiento por parte de niños y jóvenes.

h) Falta de epistemologías y metodologías para la valoración del conocimiento de los pueblos que se pueden aprovechar en la búsqueda de alternativas tecnológicas más limpias que las existentes.

Actualmente la ciencia mexicana ha logrado poner las bases para el reconocimiento de las determinaciones históricas de los problemas ambientales. Las comunidades epistémicas son conscientes de que no sólo existe la cara naturalista de la problemática ambiental sino la implicación de varios subsistemas sociales más. El avance del campo radicó en la exhortación de no limitar la gestión del conocimiento ambiental a lo estrictamente ecológico, sino ampliar los análisis de la determinación histórica de los problemas y su interrelación con lo económico-político-social, tanto a nivel regional como mundial. (Soriano, s/f.)



II. Ciencias ambientales en un ámbito interdisciplinar

Hasta hace pocos años las ciencias sociales no estaban llamadas a brindar elementos propios en aspectos relacionados con la investigación y la toma de decisiones en torno a lo ambiental y la problemática ecológica del momento; cuando participaban lo hacían de forma extemporánea, tangencial o diferida. El terreno ambiental era básicamente abonado para los profesionales de las ciencias exactas y naturales. En torno a dichas ciencias se diseñaban y ejecutaban cuantiosas investigaciones y proyectos de tipo ambiental con un marcado carácter reduccionista, limitado a los recursos naturales. (González Muñoz 2005.)

En su quehacer, no ha sido raro que las ciencias naturales y exactas hayan dejado de lado las particularidades de los grupos humanos que cohabitan el mismo espacio de su objeto de estudio, desconociendo así el entramado social que forma parte del medio natural y sobre el que tiene una profunda incidencia. Durante mucho tiempo, para naturalistas y ecólogos ortodoxos, el hombre no dejaba de ser sencillamente la principal especie transformadora y perturbadora del medio y de los equilibrios ecológicos, estudiándolo prácticamente al mismo nivel de las especies de fauna y flora. Parte de los conflictos ambientales durante la última mitad de los 80 y en la década de los 90 fueron originalmente tratados por la ecología, ciencia que se encargaba de estudiar la relación de los seres vivos con su ambiente. La realidad ambiental es analiza¬da con las catego¬rías propias de esta disciplina. Se maneja el concepto de ecosistema y con ella el enfoque de la ecología de la conservación. (Belshaw 2001:427). Para este entonces lo social era simplemente un agregado de individuos que se constituían en un componente más del ecosistema.

No es hasta mediado de la década de 90 en que el interés por lo humano de la crisis ambiental toma nuevos caminos. Con la firma de los convenios de la Agenda 21, el conocimiento no sólo de la relación hombre-naturaleza, sino de la complejidad de relaciones del sector social con su entorno natural, comienza a tener un espacio especializado de debate.

Pero la compleji¬dad de la problemá¬tica y la diversidad de elementos que intervienen demandaron el abordaje desde dis¬tintas perspec¬tivas. Se inauguraba así una nueva etapa en la generación del conocimiento ambiental con importantes vínculos transdisciplinares y un variado enfoque teórico del problema. Veamos algunos:

  Dentro de la antropo¬logía, los partidarios del neofuncionalismo supusieron la exis¬ten¬cia de sistemas con partes relacionadas que entre otras cosas se empleaban para explicar la relación naturaleza-cultura (Rappaport 1968; Hardesty 1979; Kemp 1971 y Vayda 1976).

  La sociología, desde la década de los 20, también entablará relaciones con la ecología, tomando conceptos y principios teóricos de ésta. La Escuela de Chicago (R.D. McKenzie 1974; R. Ezra Park 1936 ;Hawley, 1991) es uno de los ejemplo de estas aplicaciones teóricas desarrollando sus trabajos en sociología urbana principalmente.

  Dentro del campo de la economía lo ambiental ha cobrado un creciente interés en las últimas décadas. La escuela de la "Economía Ambiental" con orientación neoclásica (Baumol & Oates 1988; Maler 1974 y Hote¬lling 1931), la Economía ecológica, que propone integrar conceptos ecológi¬cos y económicos (Georgescu-Roegen, 1975; Daly, 1989), y la Ecología Crítica y Neo-marxista (O'Connor 1992 y Alier 1991) son algunas de sus expresiones contemporáneas.

En un principio la particula¬ridad que presentaron estas corrientes fue su carácter neta¬mente disciplinario. Cada una de ellas incorporaba lo social o lo natural, según sea el caso, dentro de las tradiciones de estudio de cada rama de la ciencia. Actualmente se pone más atención en las variantes sistémicas, que son muchas, quedando así el hombre incorporado como un componente más del todo, de la "verdad sistémica" (Espinoza, 1998.) Esta línea de pensamien¬to (que la explicación ambiental tiene su origen, por un lado en el concepto ecológico de ecosistema y por otro en el desarrollo de la cibernética), encuentra un nicho adecuado en las teorías funcionalistas de la antropolo¬gía, sociología y economía. Por estos caminos se llega a una interpretación ontológica de la realidad asentada en una única definición, en donde naturaleza y sociedad son solo partes componentes de una realidad mayor que las engloba y define sus principios por igual. En síntesis, se intenta ahora explicar naturaleza y sociedad con base a las mismas leyes, conceptos y mecanismos.

Bajo esta perspectiva se identificaba la acción social exclusivamente en términos conservacionistas. Fue necesario redimensionar el real involucramiento del sistema social con la realidad de la crisis ecológica mundial. Con ellos devino la imperiosa necesidad de que las ciencias sociales diseñaran programas de investigación, en muchos de los casos trasdiciplinares, para alimentar una nueva interpretación de la realidad que se demandaba en los lineamientos del Desarrollo Sustentable.

En el interior de las comunidades académicas y científicas naturales se dieron serios cambios en la forma de relacionarse con otras disciplinas sociales. La confluencia esfuerzos epistemológicos permitió la integración de un nuevo frente teórico, separándose de manera importante del paradigma de la ecología de la conservación y posicionándose en la ecología del equilibrio. Coadyuvó esta condición a la redefinición de objetivos específicos buscando los canales de la integralidad y la comunicación científica. Han sido los inicios de lo que Enrique Leff expresó de la siguiente manera: “El saber ambiental desborda a las “ciencias ambientales, constituidas como un conjunto de especializaciones surgidas de la incorporación de los enfoques ecológicos a las disciplinas tradicionales –antropología ecológica; ecología urbana, salud, psicología, economía, ingeniería ambientales– y se extiende más allá del campo de articulación de las ciencias (Leff, 19986), para abrirse al terreno de los valores éticos, los conocimientos prácticos y los saberes tradicionales.” (Leff, 2002:180)

La revisión de las formas de hacer ciencia, tanto epistemológica como políticamente, develó importantes lagunas en el saber ambiental en lo que concierne a la complejidad de las relaciones hombre-naturaleza. Es importante que en el Programa Nacional de Desarrollo de la actual administración federal se reconociera que en muchos de los casos esas lagunas estaban directamente relacionadas con la falta de infraestructura y normativa por un lado y por le otro, la falta de estímulos para la producción de ciencia básica de alto nivel. (PND 2001, 2006.2001)

Un fenómeno muy interesante de observar con detenimiento es el impacto directo que hubo en las formas de hacer política en la última mitad de la década de los 90 en relación con los nuevos paradigmas de hacer ciencia. Con esto se hace referencia al enfoque de transversalidad que adquirió el tema ambiental en las políticas federales una vez que las áreas científicas se vieron atravesadas también por los paradigmas ecológicos, en primer lugar, y el paradigma de la sustentabilidad en segundo.

En el PND 2001-2006 se presentan como una nueva forma de hacer política el enfoque transectorial y de prioridad nacional el medio ambiente y la gestión del conocimiento necesario para basar los programas de actuación. Es así que el tema ambiental y todo lo que lo rodea se dirime en tres de las comisiones coordinadoras del Poder Ejecutivo: Comisión de Crecimiento con Calidad, Desarrollo Social y Humano y, Orden y Respeto. (PND 2001-2006)

Se ha transitado en las últimas décadas de una política ambiental con orientación sanitaria a una perspectiva de participación social y de protección del equilibrio ecológico. Es este el paradigma que rigió aun el plan de políticas del actual sexenio. Es decir, la política mexicana se encuentra anclada en la idea que para lograr el DS se debe cuidar ante todo el equilibrio ecológico en la relación de hombre-naturaleza.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en comparación con la dinámica que han registrado los países altamente industrializados (que han transitado de la ecología de la conservación a la del equilibrio, en una primera etapa, y de ésta última a la ecología del desarrollo, en una segunda), que a su vez están generando programas basados en la ecología del desarrollo, México presenta un rezago en la aplicación de los nuevos paradigmas para hacer política. Esto es especialmente problemático si se considera que los sistemas de evaluación de gestión de ciencia y tecnología a nivel internacional utilizan parámetros y estándares de estos países desarrollados. Es insustentable medir el desempeño de un país en las tareas para un desarrollo sustentable con índices no adecuados a las realidades particulares.

A este respecto creo importante hacer dos distinciones finales. La primera, por muchos años la política ambiental en México surgió como reacción a problemas no previstos y de manera sectorial, sin reconocer la multidimensionalidad de los problemas. Esta forma de respuesta era un reflejo directo de las formas en que se leía la realidad por parte de las ciencias y la forma fragmentada del discurso de éstas. En segundo lugar, es cierto que se ha avanzado en la adecuación de las teorías y metodologías para la generación del saber ambiental, la mayoría de ellas de importación, pero en lo que no se ha puesto especial atención es en que los llamados paradigmas científicos y tecnológicos adolecen de la capacidad de autocrítica; las disciplinas siguen arrastrando en mucho de los casos la actitudes típicas del hermetismo y el reduccionismo. Esto sin mencionar la falta de crítica con el modelo globalizador, que con sus ambigüedades entre lo local y lo mundial no permite clarificar las prioridades y las competencias de aplicación científica al servicio de la sociedad civil.

Conclusiones



Desde Río ´92 han transcurrido poco más de diez años. Tal vez son aun muy pocos para un cambio civilizatorio como el que estamos pretendiendo al pensar un cambio de forma de vivir de la especie humana.

Somos ahora conscientes de que nuestra insaciable voluntad de saber tiene trascendencias en el tiempo y en el espacio. Lo que hemos aprendido de la naturaleza y lo hemos aplicado para satisfacer nuestras necesidades tiene muchos efectos que aun no conocemos.

La deuda que hemos contraído con el entorno natural tiene varias caras. Debemos repensar la forma en que nos organizamos para sacar de ese entorno los recursos que necesitamos, es decir debemos repensar nuestras políticas. Debemos replantear los enfoques desde los cuales estamos modificando el entorno físico, los límites de nuestro conocimiento son ahora signos de alerta. En otras palabras, es necesario conocer de otra manera para poder organizarnos de manera diferente.

En México se está trabajando con una agenda que pretende atender de manera urgente las siguientes tareas:

a) Analizar y evaluar los impactos reales al medio ambiente para poder tener en claro cuáles son los límites que hemos rebasado.

b) Trabajar de forma coordinada para superar la visión fraccionada de nuestra realidad, aquella que nos ofreció la ciencia reduccionista.

c) Dejar en claro cuáles son los objetivos de nuestros programas políticos y científicos dentro de la perspectiva de las responsabilidades compartidas.

En nuestro país son aun muy limitados los alcances de las políticas con sensibilidad ambiental. Son muchos los retos sociales que combinados con los ambientales se tornan muy complejos y altamente desconocidos.

La pobreza y la marginación histórica de buena parte de la población tienen ahora una cara diferente si se les ve con ojos de integralidad ambiental. México debe superar largos años de rezago, más que en crecimiento económico, en desarrollo humano.

Las políticas públicas deben ahora más que nunca promover un espacio de debate en donde impere el estado de derecho y la democracia. Se debe trabajar arduamente para que los que no han tenido acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología sean objetivo prioritario. México es un país con muchas riquezas, tanto naturales como humanas, sólo que no están bien distribuidas.

El camino que hemos visualizado para superar nuestra forma de vida altamente degradante, dígase Desarrollo Sustentable y sus diferentes interpretaciones, es un proceso de larga duración en el cual la producción de conocimiento debe ser coherente con la búsqueda de la vida más justa para con el medio físico, como para con los humanos.



Notas

1. El primer Estudio de País fue elaborado bajo la coordinación de la CONABIO y publicado en 1998, con información de fuentes bibliográficas en su mayoría anteriores a 1995. Dicho estudio fue un primer esfuerzo por dar a conocer una síntesis descriptiva de la biodiversidad de México, para cumplir con los acuerdos adquiridos por éste país con la firma y ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica. Se encuentra ya disponible el Segundo Estudio de País a partir de febrero de 2006, en www.conabio.gob.mx/2ep/index.php/Portada



* Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional,

Universidad de La Laguna. La Laguna. Tenerife, España.

Tel: 00 (34) 627 19 24 65. E-mail:ganeshaom28@gmail.com



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